Escrito por Carolina Ahumada.

Desde que se instaló el aislamiento obligatorio en Argentina el 20 de marzo del 2020, las medidas que se sucedieron para cumplir con el mismo visibilizaron una escalada de violencia institucional hacia jóvenes de sectores vulnerables, personas en situación de calle, personas trans, trabajadoras sexuales. Sobre todo, jóvenes de sectores vulnerables son permanentemente estigmatizados y criminalizados.

En los meses de confinamiento, la lista de nombres de adolescentes y jóvenes que murieron a causa de la violencia policial no se detuvo. En Argentina esto se denomina “gatillo fácil”. El caso que más está sacudiendo a la sociedad en el país es el de Facundo Astudillo Castro (22) que se encuentra desaparecido desde el 30 de abril luego de ser demorado por la policía de la provincia de Buenos Aires por violar la cuarentena mientras se dirigía a Bahia Blanca a encontrarse con su ex novia. Actualmente se están llevando adelante rastrillajes para dar con su paradero. Lo último que se encontró fue una especie de amuleto que pertenece a Facundo en una comisaría donde la policía antes había afirmado que no lo habían detenido. El fiscal de la causa pidió la colaboración del reconocido equipo argentino de antropología forense (quienes han trabajado en el reconocimiento de cuerpos de desaparecidos de la última dictadura argentina en el 1976 y también en la guerra de Malvinas de 1982) para poder avanzar en la causa.

Según un relevamiento de la comisión provincial por la memoria de argentina, hasta el 29 de julio del 2020 en la provincia de buenos aires habían registradas 44 muertes por uso letal de la fuerza durante la cuarentena, de las cuales 29 fueron provocadas por miembros de la policía de la provincia. La mayoría de las muertes se trata de varones jóvenes y pobres.

También se dieron a conocer casos de homeless demorados por no cumplir con el aislamiento. Mismo que con trabajadoras sexuales y personas trans, quienes se ven hostigados por la policía de la ciudad de buenos aires.

El problema de la violencia institucional y detenciones arbitrarias es algo que atraviesa al país en general: en Chaco, una familia QOM (pueblo originario del norte de la argentina) fue detenida mediante un allanamiento en plena madrugada, atacando, golpeando e inclusive abusando sexualmente de las menores de edad. Al final los rociaron con alcohol y amenazaron con prenderlos fuego al grito de “indios infectados”.

Otros casos resonantes de muertes en manos de la policía son los de Luis Espinoza (31), Florencia Magali Morales (39), Raul Davila (22), Lucas Veron (18) y Valentino Blas Correas (17).

A lo largo de los últimos años resuenan los nombres de Luciano Arruga (16), asesinado por la policía de la provincia de buenos aires en 2009 pero desaparecido hasta 2014, la persecución policial que terminó con la muerte de cuatro adolescentes entre 13 y 22 años en San Miguel del Monte (también provincia de Buenos Aires) o el asesinato de Diego Cagliero (30), en 2019, también tras una persecución policial.

Para terminar, es necesario destacar que el hostigamiento de las fuerzas de seguridad en Argentina para con los jóvenes es una situación que se viene dando hace mucho tiempo y con la pandemia lo único que hizo fue remarcarse. La desmesura con que la que la policía actúa en nombre del bien público no hace más que seguir discriminando y estigmatizando ser joven y con determinadas características (el “pibe chorro” como se dice en el país: varón, joven, con gorrita o capucha que seguro además consume drogas o sale a robar para poder conseguirlas).

Como jóvenes organizados, nos urge seguir denunciando esto y bregar porque se haga justicia ante sus muertes y no quede en la impunidad.